La improcedencia del juicio procede cuando el promovente carece de interés jurídico o legítimo para impugnar actos de autoridad electoral, al no haber contendido en la elección correspondiente.

El Tribunal Pleno determinó la improcedencia de un juicio electoral al establecer que el promovente no contaba con el interés jurídico ni legítimo para impugnar acuerdos del Consejo General del INE sobre la declaración de validez y entrega de constancias de mayoría. Esto se debió a que la persona no participó como candidata en la elección en cuestión, lo que actualiza la causal de improcedencia prevista en la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral.