El decreto que obliga a la Fiscalía General de una entidad federativa a pagar una pensión por invalidez, sin que exista relación laboral previa con la beneficiaria y sin la transferencia de recursos suficientes, es inconstitucional por vulnerar la autonomía financiera y el principio de división de poderes.

La Fiscalía General del Estado de Morelos promovió una controversia constitucional contra el Congreso del Estado por la emisión del Decreto 746, que le impone el pago de una pensión por invalidez a una persona que, según la Fiscalía, fue servidora pública del Poder Ejecutivo y no de la propia Fiscalía. La Suprema Corte determinó que el decreto es inconstitucional porque vulnera la autonomía financiera y el principio de división de poderes de la Fiscalía General, al obligarla a erogar recursos sin que exista una relación laboral directa y sin la transferencia de fondos necesarios. Por ello, se declaró la invalidez parcial del decreto en la parte que impone la carga a la Fiscalía.