La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver acciones de inconstitucionalidad, debe analizar la violación al procedimiento legislativo a la luz de los principios de economía procesal y equidad en la deliberación parlamentaria, para determinar si las irregularidades procedimentales impactan la calidad democrática de la decisión final.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó diversas acciones de inconstitucionalidad promovidas contra reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se determinó que la legitimación de los promoventes era correcta, al cumplir con el porcentaje requerido de integrantes de las Cámaras de Diputados y Senadores. Respecto a las violaciones al procedimiento legislativo, la Corte estableció que no toda irregularidad formal genera la invalidez de la norma, sino aquellas que afecten la calidad democrática de la decisión final, debiendo ponderarse los principios de economía procesal y equidad en la deliberación.