La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 371/2025, determinó que los decretos que establecen la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, así como los actos de aplicación como el sistema digital y los convenios celebrados con entidades federativas, no contravienen los principios constitucionales de legalidad, irretroactividad, seguridad jurídica, confianza legítima, división de poderes y supremacía constitucional.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó la constitucionalidad de los decretos que regularizan vehículos usados de procedencia extranjera y sus actos de aplicación. La Corte determinó que dichos decretos y actos no violan los principios de legalidad, irretroactividad, seguridad jurídica, confianza legítima, división de poderes ni la supremacía constitucional. Se consideró que el programa y sus mecanismos de implementación son conformes al marco jurídico y a las facultades del Ejecutivo Federal.
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