La plena responsabilidad penal de un sentenciado se acredita cuando las pruebas desahogadas en el juicio, valoradas conforme a las reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia, generan convicción sobre su autoría en la comisión del ilícito, sin que las contradicciones en los dictámenes o la existencia de estrategias de defensa desvirtúen dicha acreditación.

El presente caso aborda la valoración de pruebas en un proceso penal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el expediente 188/2024, determinó que la plena responsabilidad penal del quejoso quedó acreditada. A pesar de las alegaciones de insuficiencia probatoria y contradicciones en los dictámenes, el tribunal consideró que las pruebas fueron valoradas correctamente por la sala responsable, cumpliendo con los artículos 14 de la Constitución Federal y 265 y 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que llevó a ratificar la sentencia de condena.