La reforma a una ley estatal que traslada la obligación de presentar declaraciones patrimoniales de los servidores públicos municipales del órgano interno de control municipal al órgano interno de control del Congreso del Estado, contraviene el federalismo cooperativo y la autonomía municipal.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó una controversia constitucional promovida por un municipio oaxaqueño en contra de una reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado. El municipio argumentó que la reforma, al obligar a sus servidores públicos a presentar sus declaraciones patrimoniales ante el Órgano Interno de Control del Congreso del Estado en lugar de su propio órgano interno, vulneraba su autonomía y las disposiciones constitucionales sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. El Pleno de la Corte determinó que dicha reforma era inconstitucional, pues rompía con el principio de federalismo cooperativo y la autonomía municipal al desvincular la presentación de declaraciones de los órganos de control local, que son los facultados para iniciar investigaciones y aplicar sanciones en el ámbito municipal.