Los artículos 2 y 32, fracción II, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, no violan los principios de presunción de inocencia, libertad de comercio ni seguridad jurídica, al establecer limitaciones al uso de efectivo en operaciones de alto valor para proteger el sistema financiero y prevenir delitos.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los artículos 2 y 32, fracción II, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, no contravienen la Constitución. Se analizó si las restricciones al uso de efectivo en operaciones de compraventa de vehículos por montos elevados violaban la presunción de inocencia, la libertad de comercio o la seguridad jurídica. La Sala concluyó que dichas disposiciones son constitucionales, pues buscan proteger el sistema financiero y prevenir delitos, y que las limitaciones impuestas no son arbitrarias sino que responden a un interés público superior.