Se propone negar el amparo a la parte quejosa porque se estima que al momento en que se presentó el escrito por el que se solicitó la prescripción del crédito fiscal, el crédito no había prescrito, pues no había concluido el plazo de 5 años que establece la ley para considerarlo prescrito. Ello, tomando en cuenta que se acreditó que la autoridad notificó al quejoso ciertos actos de ejecución de cobro del crédito, lo que generó que se interrumpiera el plazo de prescripción.