La acción penal es la potestad jurídica que el Estado delega a la autoridad ministerial para exigir a un órgano jurisdiccional una decisión concreta respecto a una relación jurídico material de derecho penal, sin la cual no existe base para emprender el juicio ante la autoridad judicial.

El presente amparo en revisión impugna la inconstitucionalidad de los artículos 245, fracción I, y 246 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver este asunto, reitera la definición de acción penal como la potestad del Estado delegada al ministerio público para iniciar un proceso judicial penal. Sin el ejercicio de esta acción penal, no puede existir un juicio ante la autoridad judicial.