La resolución administrativa que impone una sanción debe ser clara y precisa en los motivos de la infracción, sin incurrir en contradicciones que generen inseguridad jurídica al contribuyente.

Se analiza la legalidad de una multa impuesta por el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato. El contribuyente argumentó que la resolución era ilegal porque la autoridad señalaba dos motivos distintos para la infracción: no cumplir un requerimiento y omisión de pago. La Sala Regional determinó que esta incongruencia genera inseguridad jurídica, ya que el contribuyente no sabe a ciencia cierta cuál motivo se tomó en consideración para sancionarlo, impidiéndole una defensa adecuada. Por lo tanto, se declaró la nulidad de la resolución impugnada.