La procedencia del juicio fiscal o del recurso administrativo elegido por el afectado debe ser oída en defensa de sus derechos cuando es dudosa o su improcedencia no es absolutamente clara, así como cuando acude directamente al juicio de amparo sin agotar un recurso de procedencia dudosa, pues la protección del orden constitucional y legal es más valiosa que los tecnicismos legales que resuelven cuestiones ambiguas de procedencia.

El criterio establece que en casos de duda sobre la procedencia de un juicio fiscal o recurso administrativo, o cuando su improcedencia no es clara, se debe permitir al afectado defender sus derechos. Esto aplica también si acude directamente al amparo sin agotar un recurso de procedencia dudosa. La protección del orden jurídico y constitucional prevalece sobre tecnicismos que resuelven ambigüedades de procedencia, evitando la inseguridad jurídica.