La responsabilidad patrimonial del Estado se configura por actividad administrativa irregular, la cual comprende la prestación de un servicio público deficiente, y corresponde al ente estatal acreditar la regularidad de su actuación.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa analiza la configuración de la negativa ficta y la responsabilidad patrimonial del Estado. Se determina que la negativa ficta se actualiza ante la falta de respuesta de la autoridad en el plazo legal. En cuanto a la responsabilidad patrimonial, se establece que esta se deriva de la actividad administrativa irregular, incluyendo la prestación deficiente de servicios públicos, y que la carga probatoria de la regularidad de su actuación recae en el propio ente estatal.