Se propuso conceder la protección, toda vez que se advierte que para determinar el cómputo del plazo prescriptivo de la acción de reinstalación (cuatro meses), debió descontarse el periodo de suspensión de labores del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con motivo de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV2, causante de la enfermedad COVID-19. Es fundado lo que hace valer en torno a que fue contrario a derecho que la autoridad estableciera que el tipo de contratación fue por tiempo determinado y que al terminar el contrato fue sin responsabilidad para la Secretaría demandada, pues contrariamente a lo estimado, no se justificó la temporalidad de la contratación pues el contenido del contrato ni el tema presupuestario pueden ser impedimento al cumplimiento de las obligaciones laborales con sus trabajadores. Por tanto, se propone conceder la protección constitucional para que la autoridad responsable considere que no se justificó la temporalidad de la contratación y que ésta fue por tiempo indeterminado.