El apelante reclama que en la fecha de comisión del hecho delictivo ya no tenía la calidad de administrador único de la persona moral contribuyente, que el artículo 194 de la Ley General de Sociedades Mercantiles no exigía la inscripción de las actas de asamblea en el Registro Público de Comercio y que no debió haber sido sentenciado por defraudación fiscal, sino por la diversa hipótesis normativa equiparable, determinándose infundados sus argumentos. Por su parte, el fiscal vertió argumentos tendentes a elevar la pena del sentenciado esgrimiendo las razones que consideró pertinentes para ello, estimándose infundado el primero e inoperantes los restantes agravios.