El estímulo fiscal consistente en una deducción adicional en el Impuesto Sobre la Renta por la contratación de trabajadores de primer empleo, debe prever un porcentaje de deducción que sea significativo y que se reduzca gradualmente a lo largo de los tres años de vigencia del beneficio, para incentivar la permanencia de los trabajadores y la creación de puestos de nueva creación.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó la constitucionalidad de diversos artículos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta relacionados con un estímulo fiscal para patrones que contraten trabajadores de primer empleo. El estímulo consistía en una deducción adicional sobre las erogaciones por salarios, con porcentajes decrecientes a lo largo de 36 meses. La Corte examinó si dicho estímulo violaba las garantías de igualdad, legalidad, y proporcionalidad tributaria. Se consideró que el diseño del estímulo, incluyendo sus porcentajes y vigencia, buscaba fomentar la creación de empleo y la permanencia de los trabajadores, aspectos relevantes para la política fiscal.