La invalidez de las disposiciones de una Ley de Ingresos que establecen multas por conductas que atentan contra la moral, las buenas costumbres o el orden público, cuando dichas disposiciones son genéricas y no definen con precisión las conductas prohibidas, vulnera el principio de seguridad jurídica.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez de diversas disposiciones de la Ley de Ingresos del Municipio de Durango para el ejercicio fiscal 2026. La invalidez se fundamenta en que las normas impugnadas, al establecer multas por conductas como "palabras, señas o gestos obscenos e indecorosos" o "molestar a las personas", carecen de la precisión necesaria para garantizar la seguridad jurídica de los gobernados, al no definir claramente las conductas prohibidas y sus sanciones. La Corte citó jurisprudencia sobre la importancia de la seguridad jurídica en materia fiscal y tributaria.