El otorgamiento de una pensión por jubilación con cargo al presupuesto de un Poder, sin la previa transferencia de los recursos necesarios, vulnera los principios de división de poderes y autonomía de gestión presupuestal.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una controversia constitucional promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos contra el Congreso y el Gobernador de dicho Estado. El Poder Judicial impugnó un decreto que otorgaba una pensión por jubilación a un trabajador con cargo a su presupuesto, sin que se le hubieran transferido los fondos necesarios. La Corte determinó que esta acción violenta la autonomía presupuestal y la división de poderes, declarando la invalidez parcial del decreto impugnado.