El principio de legalidad tributaria exige que los elementos esenciales de las contribuciones, como la cuota o tarifa, estén determinados en una ley formal y material, impidiendo que la autoridad administrativa fije discrecionalmente dichos elementos.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugnó la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua por considerar que el artículo undécimo, primer párrafo, violaba los principios de legalidad tributaria y seguridad jurídica al facultar a la autoridad administrativa para determinar el monto de las contribuciones por servicios de acceso a la información. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que dicho precepto es inconstitucional porque la fijación de los elementos esenciales de una contribución, como la cuota, es una facultad exclusiva del Poder Legislativo, y la delegación a la autoridad administrativa genera incertidumbre y arbitrariedad.