El principio de proporcionalidad de las penas, consagrado en el artículo 22 de la Constitución Federal, se vulnera cuando las disposiciones del Código Penal del Estado de México que regulan y sancionan el delito de abuso de autoridad, al imponer penas de prisión, multa, destitución e inhabilitación, no guardan una relación equitativa con la gravedad del delito y el bien jurídico afectado.

El caso aborda la constitucionalidad de los artículos 328, 330 y 335 del Código Penal del Estado de México, que sancionan el delito de abuso de autoridad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó si las penas de prisión, multa, destitución e inhabilitación previstas en dichas normas respetan el principio de proporcionalidad de las penas establecido en el artículo 22 constitucional. Se determinó que las penas impuestas no eran proporcionales al delito cometido, vulnerando así el marco constitucional.