La autonomía de los órganos constitucionales autónomos, como los tribunales electorales locales, se salvaguarda mediante la exigencia de una motivación reforzada en los actos legislativos que incidan en su esfera de competencia, a fin de garantizar el principio de legalidad.

El demandante argumenta que la emisión de un decreto legislativo que afecta la autonomía de un órgano autónomo, como el Tribunal Electoral local, requiere una motivación reforzada, la cual considera que fue omitida por el Congreso local. Se sostiene que esta omisión viola el principio de legalidad tutelado en el artículo 16 constitucional. Adicionalmente, se argumenta que los artículos transitorios del decreto impugnado carecen de vinculación con el precepto 273, contraviniendo su naturaleza temporal y restringida.