La inconstitucionalidad de una norma de carácter general, para efectos de la suspensión en el juicio de amparo, debe analizarse a la luz de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte, así como de la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El presente caso aborda la contradicción de criterios suscitada en torno a la constitucionalidad del artículo 166, fracción I, de la Ley de Amparo, que limita los efectos de la suspensión cuando el acto reclamado es una orden de aprehensión por delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. La Primera Sala determinó que la inconstitucionalidad de dicha norma debe analizarse considerando los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales, así como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente en lo referente a la prisión preventiva oficiosa.