La constitucionalidad de las tarifas o cuotas establecidas en la legislación secundaria en materia de transparencia y acceso a la información pública debe ser analizada a partir de las razones y parámetros que justificaron su establecimiento por parte del legislador, sin que sea dable al juzgador realizar dichos cálculos o fijar valores.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza la constitucionalidad de las tarifas o cuotas establecidas en la legislación secundaria en materia de transparencia y acceso a la información pública. Se determina que la constitucionalidad de dichos montos debe ser evaluada a partir de las razones y parámetros que el legislador expuso al establecerlos. El Tribunal no puede realizar los cálculos ni fijar valores, ya que esta función corresponde al legislador, quien debe motivar adecuadamente sus decisiones.