El cobro por la búsqueda exhaustiva de información pública que no se encuentre disponible contraviene el principio de gratuidad del derecho de acceso a la información, pues la obligación de documentar y ordenar dicha información recae en el sujeto obligado y no puede ser trasladada al solicitante.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 78 Bis-5 de la Ley de Hacienda para el Estado de Sinaloa, argumentando que el cobro por la búsqueda exhaustiva de información pública violaba el principio de gratuidad del derecho de acceso a la información. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que dicho cobro es inconstitucional, ya que el Estado tiene la obligación de documentar y ordenar la información, y el costo de una búsqueda exhaustiva, derivada de la falta de sistematización, no puede ser trasladado al ciudadano. Por lo tanto, se declaró la invalidez del precepto impugnado.