La concesión de una pensión por jubilación a un ex servidor público del Poder Judicial, impuesta por el Poder Legislativo a cargo del presupuesto de dicho Poder sin la transferencia de recursos suficientes, vulnera la autonomía e independencia presupuestaria del Poder Judicial, constituyendo una forma de subordinación y afectación a su autonomía de gestión.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una controversia constitucional promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos contra el Poder Legislativo de la misma entidad. El Poder Judicial impugnó un decreto que le ordenaba pagar una pensión por jubilación a una persona que laboró en dicho Poder, sin que se le transfirieran los recursos necesarios para cubrir dicho gasto. La Corte determinó que esta imposición legislativa vulnera la autonomía e independencia presupuestaria del Poder Judicial, al ser una forma de subordinación y afectar su capacidad de gestión de recursos, lo cual es fundamental para el equilibrio entre poderes.