El otorgamiento de pensiones y jubilaciones por parte del Poder Legislativo, sin la previa verificación de la suficiencia presupuestal, genera la invalidez del decreto respectivo, al contravenir el principio de legalidad presupuestaria.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez de diversos artículos del Presupuesto de Egresos del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal 2021, así como de un oficio impugnado. La controversia surgió debido a que el Poder Legislativo autorizó partidas presupuestales mínimas para el pago de pensiones y jubilaciones, insuficientes para cubrir los decretos emitidos, incluyendo uno específico para Martha Lorena Ortega Hernández. La Corte determinó que la emisión de decretos jubilatorios sin asegurar los recursos necesarios viola el principio de legalidad presupuestaria.