La exigencia de no haber sido suspendido, destituido ni inhabilitado por resolución firme en el servicio público, como requisito para ocupar cargos de vicefiscal o fiscal especializado, es inconstitucional por ser excesivamente amplia y desproporcionada.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó la constitucionalidad de diversos artículos de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas. Se determinó que el requisito de no haber sido condenado por delito doloso es válido, pues se alinea con la necesidad de confianza en quienes investigan delitos. Sin embargo, se declaró inconstitucional la exigencia de no estar sujeto a proceso penal, por violar la presunción de inocencia. Asimismo, se consideró inconstitucional el requisito de no haber sido sancionado administrativamente (suspendido, destituido o inhabilitado), por ser genérico y desproporcionado, al no distinguir la gravedad o temporalidad de las faltas administrativas.