El juicio contencioso administrativo es improcedente contra la resolución del Instituto Mexicano del Seguro Social que determina la procedencia de ejercer la facultad de comprobación consistente en visita domiciliaria, ante las irregularidades de un dictamen formulado por contador público autorizado, por no constituir una resolución definitiva que cause un perjuicio fiscal.

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no es competente para conocer de juicios contra resoluciones que no establecen una obligación fiscal definitiva. En este caso, la resolución del IMSS sobre la procedencia de una visita domiciliaria ante irregularidades en un dictamen de contador público no causa un perjuicio fiscal directo, sino que es un paso dentro del procedimiento de fiscalización para verificar las irregularidades y, en su caso, determinar contribuciones omitidas. Por lo tanto, el juicio contencioso administrativo es improcedente.