La improcedencia de un juicio de amparo por falta de interés legítimo, cuando el quejoso no hace valer violaciones directas a la Constitución, sino cuestiones de mera legalidad, como la invalidez de un convenio por falta de formalidades o la inexistencia de la deuda fiscal.

El municipio actor impugna las solicitudes de compensación de sus participaciones federales para el pago de créditos fiscales, así como la compensación realizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el juicio de amparo es improcedente por falta de interés legítimo, ya que el municipio no argumenta violaciones directas a la Constitución, sino cuestiones de mera legalidad relativas a la validez del convenio y la existencia de la deuda fiscal. Por lo tanto, la controversia no puede ser analizada en sede constitucional.