La autoridad fiscal, al imponer una multa, debe sustentar su resolución en elementos de convicción suficientes que acrediten la existencia y gravedad de la infracción, considerando su relevancia, la situación económica del infractor y la necesidad de disuadir prácticas evasivas o de incumplimiento normativo.
La autoridad fiscal, al emitir una multa, tiene la obligación de fundamentar su decisión con pruebas sólidas que demuestren la comisión y la seriedad de la infracción. Esta fundamentación debe ponderar la importancia de la falta, las circunstancias económicas del contribuyente y la finalidad de prevenir y sancionar conductas que contravengan la ley.
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