El contrato en el que interviene el Gobierno Federal no es de derecho público si no se refiere a impuestos o facultades impositivas, sino al reajuste de prestaciones entre compañías contratantes debido al aumento de contribuciones.

Se determina que un contrato en el que participa el Gobierno Federal no debe considerarse de derecho público si su objeto no versa sobre impuestos o facultades impositivas, sino sobre el reajuste equitativo de prestaciones entre las partes contratantes. Esto ocurre cuando el convenio busca ajustar las obligaciones de las compañías ante un incremento en las contribuciones, sin implicar la devolución de impuestos cobrados, sino una modificación de las prestaciones pactadas.