El otorgamiento de pensiones por jubilación a cargo del presupuesto de un órgano constitucional autónomo, realizado unilateralmente por el Poder Legislativo local, vulnera el principio de división de poderes y la autonomía financiera del órgano afectado.

La Fiscalía General del Estado de Morelos promovió controversia constitucional contra el decreto del Congreso local que concedió una pensión por jubilación a un ex trabajador, ordenando su pago con cargo al presupuesto de la Fiscalía. La Suprema Corte determinó que, si bien el cálculo de la antigüedad y el monto de la pensión no afectaban la esfera de competencia de la Fiscalía, el hecho de que el Congreso local impusiera unilateralmente el pago de dicha pensión con cargo al presupuesto de un órgano autónomo, sin transferir los recursos necesarios, vulneraba la autonomía financiera y el principio de división de poderes. Por ello, se declaró la invalidez parcial del decreto en la parte que obligaba a la Fiscalía a cubrir la pensión.