La determinación del Juez laboral responsable de requerir a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores información diversa a la exhibida por la parte quejosa actora en el juicio laboral relacionada con su estado de insolvencia para sufragar el costo de los estudios que se necesitan para que el perito designado emita su dictamen pericial médico, a fin de determinar el porcentaje de incapacidad del quejoso, no se encuentra justificada y dicha actuación se erige como un obstáculo para acceder a la justicia.

El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla amparó a la parte quejosa. La resolución se fundamenta en que la negativa del juez laboral de requerir información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre el estado de insolvencia del actor, necesaria para cubrir los gastos de un dictamen pericial médico, constituye un obstáculo para el acceso a la justicia. Por lo tanto, se considera que la actuación del juez no está justificada.