La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la omisión legislativa de establecer un sueldo máximo para el Gobernador del Estado de Nuevo León no puede ser combatida a través de la controversia constitucional, al no ser un acto de aplicación directa y concreta que afecte la esfera jurídica del promovente.
El Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León promovió controversia constitucional contra la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León para el Ejercicio Fiscal 2019, impugnando el artículo 27, párrafos primero y tercero, y la omisión de fijar un sueldo máximo para el Gobernador. La Corte determinó que la omisión legislativa no es un acto de aplicación directa y concreta que pueda ser materia de controversia constitucional, por lo que se sobresee en cuanto a este aspecto.
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