El arresto por infracción a los reglamentos de policía es constitucional cuando el infractor manifiesta expresamente su negativa a pagar la multa impuesta, y se acredita fehacientemente la infracción con la copia certificada del acto administrativo.

La Suprema Corte de Justicia ha establecido que, si bien se debe conceder un plazo razonable para el pago de multas por infracciones a reglamentos de policía, este requisito se vuelve innecesario si el infractor declara explícitamente su negativa a pagar. En tales casos, el arresto inmediato no viola las garantías individuales, siempre que la infracción esté debidamente acreditada mediante el acta administrativa correspondiente.