El presupuesto de egresos de un poder judicial estatal debe ser suficiente para cubrir las obligaciones pensionarias que le impone el poder legislativo, so pena de incurrir en responsabilidad por incumplimiento de sentencia de amparo.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza la suficiencia presupuestal para el pago de pensiones jubilatorias impuestas por el Poder Legislativo al Poder Judicial estatal. Se determina que el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2023 no contempló una partida suficiente para cubrir las pensiones decretadas, afectando la certeza del pago. Se establece que el incumplimiento injustificado de una sentencia de amparo que ordena el pago de estas pensiones puede acarrear la separación del cargo de la autoridad responsable y su consignación.