El juicio contencioso administrativo es improcedente contra comunicaciones internas entre autoridades que no constituyen resoluciones definitivas, ni ponen fin a un procedimiento, ni imponen una sanción o causan una afectación fiscal directa al particular.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó que el juicio contencioso administrativo es improcedente contra un oficio que constituía una solicitud de información entre autoridades, al no tratarse de una resolución definitiva que afecte el interés jurídico del particular. La Sala enfatizó que para la procedencia del juicio, el acto impugnado debe ser la expresión final de la voluntad de la administración pública y causar un agravio directo, lo cual no ocurría en el caso de la comunicación interna analizada.