La presunción de inocencia exige que la fiscalía demuestre la responsabilidad penal del acusado más allá de toda duda razonable, y la valoración de las pruebas debe ser exhaustiva para desvirtuarla.
El quejoso alega violación a la garantía de legalidad y presunción de inocencia, argumentando que la sentencia recurrida carece de fundamentación y motivación al no basarse en pruebas suficientes para acreditar la comisión del delito y su responsabilidad penal. Sostiene que el tribunal de alzada incurrió en una valoración indebida de las pruebas, basándose en declaraciones de oídas y sin considerar elementos que demostraran fehacientemente los hechos, lo que contraviene el estándar probatorio requerido para desvirtuar la presunción de inocencia.
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