La concesión de pensiones por jubilación por parte de un Congreso Local a favor de un trabajador que laboró para un órgano constitucional autónomo, sin la transferencia de los recursos presupuestales necesarios, vulnera el principio de división de poderes y la autonomía financiera de dicho órgano.

La Fiscalía General del Estado de Morelos impugnó un decreto legislativo que le imponía la carga de pagar la pensión por jubilación de una ex trabajadora. La Suprema Corte determinó que, si bien la pensión correspondía a la Fiscalía por haber sido su último empleador, la forma en que el Congreso Local impuso esta carga, sin transferir los recursos presupuestales necesarios y sin dar participación a la Fiscalía, violaba su autonomía financiera y el principio de división de poderes. Por ello, se declaró la invalidez de la porción del decreto que ordenaba el pago con cargo al presupuesto de la Fiscalía sin la debida transferencia de fondos.