La Secretaría de Hacienda y Crédito Público carece de facultades para revocar sus propias resoluciones, debiendo promover un juicio fiscal ante el Tribunal Fiscal de la Federación para anular una decisión administrativa favorable a un particular.
El Tribunal Fiscal de la Federación determinó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no puede anular por sí misma una resolución administrativa que favorece a un contribuyente. Para lograr la nulidad de dicha resolución, la Secretaría debe iniciar un juicio fiscal ante el propio Tribunal, conforme a lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación, el cual establece las causas de anulación por omisión o incumplimiento de formalidades legales.
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