La imposición de una multa a un particular requiere que los hechos acreditados demuestren de manera lógica y necesaria la comisión dolosa de la infracción, sin que admita duda razonable o interpretaciones alternativas que la hagan incierta.

Se establece que una multa impuesta a un particular es legalmente válida únicamente si los hechos comprobados demuestran de forma concluyente y dolosa la infracción. Si existe duda razonable o interpretaciones lógicas que cuestionen la intencionalidad o la comisión de la infracción, la multa no puede considerarse debidamente fundada y motivada, en contravención al artículo 16 constitucional en su vertiente material.