La declaratoria de incompetencia material de un tribunal de lo contencioso administrativo para conocer de una demanda de nulidad, debe concluir en la improcedencia del juicio y el sobreseimiento, sin que ello vulnere el derecho de acceso a la justicia, pues dicho ejercicio está sujeto al cumplimiento de requisitos y cargas procesales, como la presentación del recurso ante el tribunal competente.

El Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito resolvió una solicitud de sustitución de jurisprudencia. La cuestión central era determinar las consecuencias jurídicas de la declaratoria de incompetencia material por parte del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México. Se analizó si, al declararse incompetente, el tribunal debía remitir el asunto a la autoridad que considerara competente o si debía sobreseer el juicio. La decisión final fue sustituir la jurisprudencia anterior para establecer que el tribunal debe declarar la improcedencia y sobreseer, sin estar obligado a remitir el asunto, argumentando que el derecho de acceso a la justicia no es absoluto y está sujeto al cumplimiento de cargas procesales, como acudir ante el tribunal competente.