El decreto que otorga una pensión por jubilación a un trabajador del Poder Judicial local, con cargo a su presupuesto sin la previa transferencia de fondos necesarios, es inconstitucional por vulnerar la independencia judicial y la autonomía de gestión presupuestal.

La Segunda Sala de la SCJN resolvió una controversia constitucional promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos contra el decreto que concedía una pensión por jubilación a una ex trabajadora con cargo a su presupuesto. La Sala determinó que el decreto es inconstitucional porque el Congreso local dispuso de los recursos presupuestales del Poder Judicial sin su intervención ni la transferencia previa de fondos, vulnerando así su independencia y autonomía de gestión presupuestal. Se declaró la invalidez parcial del decreto en la porción que asigna el pago al Poder Judicial actor.