El decreto que obliga a la Fiscalía General de Morelos a pagar una pensión por viudez, con cargo a su presupuesto y sin que el finado haya laborado para ella, vulnera el principio de autonomía financiera y la división de poderes, al imponer una carga económica que no le corresponde y afectar su independencia presupuestaria.

La Fiscalía General de Morelos promovió controversia constitucional contra un decreto del Congreso local que le ordenaba pagar una pensión por viudez. La Corte determinó que el decreto era inconstitucional porque la pensión correspondía a un trabajador del Poder Ejecutivo, no de la Fiscalía, y obligar a esta última a pagarla con su propio presupuesto vulneraba su autonomía financiera y el principio de división de poderes. Por ello, se declaró la invalidez parcial del decreto en la parte que imponía la carga a la Fiscalía.