La controversia constitucional es un medio de regularidad constitucional para combatir normas y actos por estimarlos inconstitucionales, pero su procedencia se limita a violaciones de la división de poderes o de la cláusula federal, que afecten las esferas competenciales trazadas en la Constitución.

El acuerdo recurrido negó el derecho a la jurisdicción al actor, indicándole que debía ocurrir a otra vía sin especificar cuál, lo que generó la duda sobre si se refería a la vía administrativa o al juicio de amparo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación reitera que la controversia constitucional es un medio para combatir normas y actos inconstitucionales, pero su teleología la restringe a conflictos sobre la división de poderes o la cláusula federal que afecten las esferas competenciales constitucionales.