La garantía de defensa adecuada exige que las autoridades ministeriales y jurisdiccionales verifiquen que el defensor, público o privado, sea un profesional del derecho con conocimientos jurídicos suficientes para salvaguardar los intereses del inculpado.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que la garantía de defensa adecuada implica la obligación de las autoridades de asegurarse de que el defensor del inculpado sea un profesional del derecho con conocimientos suficientes. Esta obligación se cumple al verificar la cédula profesional del defensor y asentar dicha circunstancia en el expediente. La violación a esta garantía puede superarse mediante la exhibición de la documentación que acredite la calidad de licenciado en derecho del defensor.
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