El otorgamiento de una pensión por jubilación con cargo al presupuesto de un Poder, sin la previa transferencia de los recursos necesarios y sin la participación de dicho Poder, vulnera los principios de división de poderes y autonomía de gestión presupuestal.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una controversia constitucional promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos contra el Congreso y el Gobernador de dicho Estado. El Poder Judicial impugnó un decreto que otorgaba una pensión por jubilación a un trabajador con cargo a su propio presupuesto, sin que se le hubieran transferido los fondos necesarios ni se le hubiera consultado. La Sala determinó que esta acción del Congreso vulnera la autonomía presupuestal y la división de poderes, al disponer de recursos de otro Poder sin su participación y sin generar las condiciones para cubrir la carga. Por lo tanto, se declaró la invalidez parcial del decreto.