La obligación del Estado de investigar violaciones a derechos humanos debe ser iniciada de oficio y sin dilación, garantizando seriedad, imparcialidad y efectividad, permitiendo la participación de las víctimas y sus familiares.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar la obligación del Estado de investigar violaciones a derechos humanos, retoma los estándares de la Corte Interamericana. Se enfatiza que la investigación debe ser iniciada de oficio, sin demoras, y debe ser seria, imparcial y efectiva. Además, se subraya la importancia de permitir la participación de las víctimas y sus familiares en todas las etapas del proceso, reiterando que la carga de encontrar la verdad recae en el Estado y no en las víctimas.