El derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, constituye una garantía del debido proceso aplicable a personas en situación de vulnerabilidad.

El caso se relaciona con la detención de un menor de edad y la posterior imposición de un auto de formal prisión por el delito de abusos deshonestos con pena agravada. La defensa impugnó la resolución, argumentando violaciones al debido proceso. La Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza la aplicabilidad de garantías específicas para grupos vulnerables, como la notificación de la detención a los tutores legales, dentro del marco del debido proceso.