La decisión sobre el alcance de una disposición legal fiscal es una cuestión jurídica que compete al juzgador, no a los peritos.

Se establece que la prueba pericial en materia fiscal procede cuando se requieren conocimientos técnicos sobre una ciencia o arte, como en el caso de fijar el impuesto sobre ingresos mercantiles por el "doblaje" de películas. Sin embargo, la autoridad fiscal incurre en error si basa su sentencia exclusivamente en el dictamen pericial cuando la cuestión controvertida, como el alcance de una fracción de la ley fiscal, es de naturaleza jurídica y su resolución es competencia del juez.