La confianza legítima es un principio derivado del derecho a la seguridad jurídica en su faceta de interdicción o prohibición de la arbitrariedad, cuyo origen deriva de asuntos relacionados con el actuar de la administración pública frente a las personas, por lo cual adquiere diversos matices dependiendo de si se pretende invocar frente a actos administrativos o legislativos.

El Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región sobresee parcialmente el juicio de amparo y niega la protección de la justicia federal en otra parte. El fallo aborda la figura de la confianza legítima como un principio derivado de la seguridad jurídica, aplicable tanto a actos administrativos como legislativos, reconociendo sus distintos matices según el contexto.